Desde los tiempos del ‘No a la Guerra’ no veíamos al sector cultural de este país gritando en el mismo sentido y de forma tan vehemente. Esta vez no es para mostrar su desacuerdo por la intervención española en un conflicto bélico internacional, sino por la decisión del Gobierno del PP de subir el IVA de los productos culturales hasta situarlo en el 21%. Un decisión incoherente de un partido de derechas ha vuelto a servir para que la cultura muestre su indignación y preocupación de forma conjunta. Pero vayamos paso a paso, para saber qué es lo que ha decidido el Ministerio de Hacienda con las tasas impositivas relativas al consumo en la cultura.

El IVA (Impuesto del Valor Añadido) es un impuesto indirecto que grava la acción de consumir. Cualquier transacción comercial debe generar un IVA. El hecho de ser indirecto consiste en qué no es el consumidor final quién rinde cuentas con Hacienda, sino que es el vendedor quién tiene que liquidar con el Estado el valor impositivo de los productos que ha vendido; aunque sea el comprador el que soporte la carga del impuesto. En España, el IVA estaba cifrado en el 16%, pero el anterior Gobierno socialista lo fijó en el 18%, para intentar recaudar más ingresos fiscales. La novedad de la actual subida del IVA es que el PP ha decidido situar el IVA en el 21%, aumentándolo tres puntos más esta vez. El drama, pero, se produce en la variación ejercida en los tipos de IVA existentes. Existen tres tipos de IVA según el tipo de producto. El general (21%), el reducido (8%) y el súper-reducido (4%). Esta división existe porqué se considera que hay productos que necesitan de protección, por su importancia, respeto al gravamen impositivo. Entre los productos de IVA súper-reducido se encuentran, por ejemplo, los elementos de primera necesidad, como los alimentos frescos o los productos para la higiene. Entre los del IVA al 8% encontrábamos, hasta esta reforma, los productos culturales. La cultura y sus bienes, por su importancia para la formación, educación y prosperidad de la sociedad, se consideraba que debían pagar menos impuestos. Pues bien, el Gobierno de Mariano Rajoy, ha decidido modificar este criterio y situar los productos culturales dentro de los que han de pagar un IVA general. Lo que quiere decir que pagarán un 21%, en lugar del antiguo 8%.

Así pues, las entradas a los conciertos, al cine, a los museos, los libros, las compras del arte tendrán que tributar el 21% de lo que cuestan, en lugar del ocho por ciento. A la práctica, si una sala de conciertos ponía una entrada a un precio de 10 euros, tenía que pagar a Hacienda 0’8€ en concepto de IVA. Ahora tendrá que pagar 2’1€ por cada entrada vendida. Esto significa que les productores culturales tienen dos vías para asumir el impuesto: reducir su margen de beneficio o subir el precio de las entradas para que sea el consumidor el que absorba el nuevo impuesto. Cualquiera de las dos supone consecuencias dramáticas. Reducir el margen de beneficio no hará más que castigar un sector que ya sufre una severa crisis estructural dentro del contexto de crisis económica general. Por el contrario, aumentar el precio del producto cultural comportará una fuerte caída del consumo, en un sector que ya padecía pérdidas titánicas. En este sentido, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en una de sus habituales proposiciones alabando el sinsentido, ha propuesto a las empresas del sector que compartan la subida con los consumidores. Es decir, que pringue un poco todo el mundo, así seremos todos un poquito más desgraciados aún.

El sector cultural ha reaccionado con airosa protesta a esta decisión del ejecutivo español. La Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC) emitió un comunicado dónde desgranaba los elementos negativos de la reforma. A grandes trazos alertaba de la reducción que se producirá de la oferta y del consumo cultural, de la limitación que supondrá de la diversidad cultural, de la destrucción de multitud de puestos de trabajo, y del incremento de las desigualdades sociales. Un cúmulo de consecuencias negativas que ubican la situación cultural en España en una auténtica encrucijada de imprevisible desenlace. Desposeer a la cultura de un tratamiento impositivo especial no puede conllevar a nada más que descenso del consumo cultural y, de retroceso, del nivel cultural de este país. Con todo, la cultura tendrá que volver a emprender un proceso de reinvención para poder parar las consecuencias de este duro golpe.